Martín Trinidad*
238 diputados priístas presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que pretenden arrebatar sus derechos a los trabajadores.
No conformes con las mil y un traiciones que han perpetrado contra los trabajadores: manipulación de los sindicatos, corporativismo, acarreo, clientelismo, charrismo, represión, autoritarismo, control y congelamiento de salarios, liquidaciones masivas, desaparición de contratos ley, anulación de contratos colectivos, venta de empresas paraestatales, rompimiento de huelgas, anulación del derecho de jubilación, contratos de protección, sindicalismo blanco, alianza con la derecha para imponer el neoliberalismo y otras lindezas por el estilo, ahora los priístas quieren borrar de la Ley los derechos que ellos se encargaron de propiciar que fueran violados día a día.
Su enfermiza obsesión por regresar al poder, a disponer vidas y haciendas, impele a los priístas a adelantársele al PAN para que no le quepa el dudoso honor de lanzar la última palada sobre la tumba de la Constitución. Al tiempo que intentan convencer a los empresarios de que son la mejor y más vil opción.
En este trance el PAN sufre, pues debe decidir entre sabotear a su rival electoral o apoyar a su hermano ideológico. Si apoya la reforma, el borrachín cargará con el costo en popularidad. Si intenta oponerse los patrones no lo perdonarían y quizá saldría derrotado, pues al PRI sólo le hacen falta trece gusanos para imponer su reforma, que son fáciles de encontrar o comprar en el resto de partidos.
Los priístas son irresponsables, autistas y electoreros: electoreros porque promueven la reforma a toda prisa para que no les empañe el escenario electoral de 2012. Son autistas porque no ven y no oyen, para ellos sólo existen su partido y los patrones. Le hablan sólo a los empresarios, no a la mayoría de los mexicanos, pues cuentan con que nuestro voto no cuente; están seguros de lograr imponerse mediante un fraude electoral. Y son irresponsables porque su reforma empobrecería más a los trabajadores, por lo que la demanda en el mercado interno se achicará y la posibilidad de vender lo producido sería menor. Este fue uno de los factores que desató la gran crisis internacional en 2008: luego de años de abatir los ingresos de los trabajadores las economías vivieron del crédito, es decir, del dinero que aun no existe.
En la exposición de motivos de la iniciativa dicen que la Constitución del 17 trajo consigo la creación del artículo 123, pero en realidad el contenido de dicho artículo es resultado directo e inmediato de la revolución. Desde 1914, antes incluso de la convención de Aguas Calientes, en los congresos de más de 10 estados de la República se aprobaron leyes laborales. Este hecho demuestra que es mentira que el 123 sea una concesión del carrancismo, una dadiva de la burguesía o un arrebato legislativo impuesto por el ala radical del constituyente.
Se escandalizan de su propia obra, pues en el tercer trimestre de 2010 “la población desocupada ascendió a 2.6 millones”, otros 3.8 millones se encuentran en el subempleo, 12.4 millones más padecen el empleo precario en el sector informal, más de 3 millones no reciben salario por su trabajo y para remate son explotados más de 3.5 millones de niños entre los 5 y los 17 años de edad. ¡Chulada de país construyó el PRI!
Advierten que “Frente a las nuevas características del mercado laboral… es necesario un Estado fuerte y eficaz” que “incentive y promueva un nuevo concepto del empleo”. Pero para ellos un Estado fuerte y eficaz es el que no cumple sus obligaciones y arrebata derechos a los trabajadores y su nuevo concepto, el empleo precario, se inventó hace tiempo, bajo gobiernos priístas.
Prometen que habrá “respeto de los derechos laborales, pero adecuándose a las nuevas necesidades de la productividad que demanda la economía”. No hay tal respeto pues productividad es un eufemismo para no decir incremento de la ganancia patronal a costa de los trabajadores.
Se justifican afirmando que “Es necesario generar confianza en la inversión productiva privada e internacional que cree empleos”. Confianza es otro eufemismo para no decir garantizarles trabajadores baratos, sin derechos y desechables.
Luego explican que por los cambios globales vivimos un proceso de ajuste de las formas de producir y de organizar el trabajo, que algunas han quedado fuera de la ley pues cuando fue redactada “muchos aspectos de la realidad eran diferentes”, por ello es “necesaria una modificación a la Ley Federal del Trabajo”, pero, aclaran, sin “alterar los principios plasmados en el artículo 123” y “el equilibrio entre los factores de la producción”. De manera que la antigüedad motiva la reforma. Durante décadas propiciaron la violación de la Ley, hoy proponen legalizar el delito. Vivimos el total desequilibrio en favor de los patrones, y eso es lo que los priístas desean preservar, no estamos seguros de si los dicen por cínicos o por estúpidos.
Con tierna demagogia tratan de engatusarnos: “Esta propuesta plantea la posibilidad de facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos, incluyendo nuevas modalidades de contratación individual que permitirán… crear experiencia”. La obstinación de los patrones de exigir experiencia es una forma de ahorrarse la capacitación de los trabajadores.
“Se propone… la contratación… en períodos de prueba, contratos de capacitación inicial y el trabajo de temporada, pues los trabajadores deben capacitarse y desarrollar nuevas habilidades y experiencia”. El paraíso priísta; un mundo de trabajadores desechables.
Pontifican “Con ello se facilitará el acceso al mercado laboral formal”. Mienten; abaratar la fuerza de trabajo no promueve la formalidad. Las empresas son informales porque así ganan más, no hacen trámites, no requieren licencias, y no tienen que declarar ni pagar impuestos, no porque sean muy altos los salarios.
Nos advierten que “Según los indicadores económicos mundiales, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido, por lo que… México tiene la necesidad de realizar cambios”. Entonces nos mintieron cuando eran gobierno porque dijeron que si nuestros salarios se achicaban el país sería competitivo. Y competir abaratando la fuerza de trabajo, además de ser injusto, deteriora la calidad de vida de los trabajadores y daña al conjunto de la economía.
Proponen que el aviso de despido se pueda entregar al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que el patrón no tenga que probar el trabajador se negó a recibir el aviso. Se justifican agregando que esta propuesta se debe a la “pérdida de empleo formal en las micro, pequeñas y medianas industrias que no tiene la capacidad de defenderse”, ¿de quién, de los trabajadores? Ahora resulta que los patrones están más indefensos que los trabajadores. Bueno, frente a los sindicatos mafiosos del PRI sí, pero el 90% de los trabajadores no están sindicalizados.
A los señores del PRI les molesta que los patrones paguen salarios caídos en juicios por despido injustificado que duran varios años, porque, dicen, por esos pagos se pierden empleos y quiebran las empresas. Si ese fuera el caso bastaría con que no despidieran injustamente. Pero, la propuesta priísta es que los patrones paguen máximo un año de salarios caídos, sin importar la duración del juicio, a pesar de que se prolongan años para vencer por hambre al trabajador.
“Para garantizar la paz laboral a largo plazo, conviene olvidar las concepciones que ubican a las relaciones laborales, como una sociedad de suma cero, en donde los derechos de unos son pérdidas para los otros, dado que patrones y trabajadores comparten los objetivos estratégicos del desarrollo nacional”. O sea, no son contrarios los intereses de trabajadores y patrones. No hay clases sociales; la eterna cantaleta priísta. Pero en tal comunidad de intereses no se entiende por qué los patrones se afanan tanto en matar de hambre a los trabajadores.
Se sinceran: “la iniciativa apoya de manera decidida a la empresa, pues es la fuente de los empleos, a fin de elevar la productividad y la competitividad de la economía nacional”. Pero de los trabajadores, de la vida de la gente, nada. Lo que les importa es la empresa y la productividad, un discurso falaz y trasnochado propio de los años 80 del siglo pasado.
En relación a la subcontratación, admiten que su reforma “no tienen como finalidad erradicar tales prácticas”, no intentan erradicar lo injusto o ilegal, es mejor adaptar la ley, eliminar derechos y reglamentar el delito. “Deseamos que el llamado outsourcing no sea visto como una actividad enemiga de la clase trabajadora, sino como generador de empleos, de ingresos”, es decir, la doble explotación y la indefensión del trabajador debe ser bien visto y agradecerse.
Como la constitución dice que el salario debe ser remunerador, los ingeniosos priístas proponen que “para fijar el importe del salario mínimo, se tiene que tomar en cuenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor”, que establece el Banco de México, que por casualidad es la institución responsable del control de la inflación y por ello su índice de precios siempre esta rezagado.
“Se recoge el reclamo patronal de poder establecer los horarios de trabajo, los días de descanso, labores complementarias… siempre y cuando se cuente con la aprobación de los sindicatos y a falta de estos, de los trabajadores”. Ya se sabe que los sindicatos sirven para dos cosas y la gran mayoría de los trabajadores no es están sindicalizados.
Como la ley vigente no incluye el concepto de productividad “Se introduce un concepto de productividad, su medición y reparto de los beneficios. Se trata de un concepto que tiene la ventaja de que ya ha sido aceptado por trabajadores y patrones”. Debiera decir aceptado por las ignorantes e ineptas direcciones sindicales. Esto es legalizar la sobre explotación, pues el incremento de la productividad implica multiplicación de la ganancia a costa del trabajo no remunerado.
Para ahorrar dinero a los patrones los priístas dicen “se busca fortalecer la conciliación… al reconocer y formalizar la existencia de conciliadores”. Los conciliadores suele defraudar al trabajador en las procuradurías de defensa del trabajo, convenciéndolo de aceptar acuerdos económicos mínimos advirtiéndole que el juicio se prolongará años y no ganará mucho más de la miseria que se le ofrece.
Con estos cambios a la LFT su carácter tutelar de los derechos de los trabajadores se anularía; se eliminaría la garantía de estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los derechos de los trabajadores se mantendría; pero de eso se encargarían los legisladores priístas que se los arrebatarían.
* Exactivista en retiro ideológico
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